Los ticos tenemos poco acceso a las bibliotecas públicas, que son baluarte de la educación
El acceso a la educación es un concepto que debe entenderse en el país no solo como la enseñanza gratuita y obligatoria, o por las facilidades que da el Estado a los estudiantes -como servicios de comedor, transporte y bonos escolares-, sino también como la posibilidad para los estudiantes de acceder a los materiales de las bibliotecas públicas.
Por desgracia, nuestras autoridades no están conscientes de esto pues, si lo estuviesen, no escatimarían el dinero que las 58 bibliotecas nacionales necesitan para prestar servicio adecuado, acorde con las necesidades de los estudiantes.
Resulta inconcebible que la Biblioteca Nacional tuviese que reducir el tiempo de atención al público tras su primera reapertura en 1992, después de la remodelación del edificio por los daños que sufrió en el terremoto de Limón en 1991. Antes permanecía abierta de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 8:30 p. m.; ahora, de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m.
Válida comparación. ¿Qué posibilidades tiene un estudiante universitario que labora una jornada de 8 horas, de acceder al material de la biblioteca, o los estudiantes de zonas rurales que requieren algún documento de este recinto josefino y quienes emplean mucho tiempo en desplazarse hasta la capital? Detesto las comparaciones, pero, en otros países de Latinoamérica, como Argentina, las autoridades -a sabiendas de lo imprescindible que es el material bibliotecario- abren las bibliotecas de lunes a domingo hasta la medianoche.
El embrollo no es solo de tiempo: también es de personal. En la Nacional, por ejemplo, 5 funcionarios atienden a los casi 1.000 usuarios que llegan por día, y en las sedes regionales y municipales hay uno solo para realizar todas las labores, desde atender al público hasta hacer el aseo.
Esto me pone a pensar si la inversión en el área educativa en el país realmente es prioridad, como proclama el Poder Ejecutivo.
Esta privación de la información, la metodología ambigua y los programas inútiles, la demanda laboral de hoy y la globalización me ponen a reflexionar en qué clase de educación están recibiendo y recibirán los médicos, abogados y educadores en quienes se ampararán nuestros hijos y nietos.
El acceso a la educación es un concepto que debe entenderse en el país no solo como la enseñanza gratuita y obligatoria, o por las facilidades que da el Estado a los estudiantes -como servicios de comedor, transporte y bonos escolares-, sino también como la posibilidad para los estudiantes de acceder a los materiales de las bibliotecas públicas.
Por desgracia, nuestras autoridades no están conscientes de esto pues, si lo estuviesen, no escatimarían el dinero que las 58 bibliotecas nacionales necesitan para prestar servicio adecuado, acorde con las necesidades de los estudiantes.
Resulta inconcebible que la Biblioteca Nacional tuviese que reducir el tiempo de atención al público tras su primera reapertura en 1992, después de la remodelación del edificio por los daños que sufrió en el terremoto de Limón en 1991. Antes permanecía abierta de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 8:30 p. m.; ahora, de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m.
Válida comparación. ¿Qué posibilidades tiene un estudiante universitario que labora una jornada de 8 horas, de acceder al material de la biblioteca, o los estudiantes de zonas rurales que requieren algún documento de este recinto josefino y quienes emplean mucho tiempo en desplazarse hasta la capital? Detesto las comparaciones, pero, en otros países de Latinoamérica, como Argentina, las autoridades -a sabiendas de lo imprescindible que es el material bibliotecario- abren las bibliotecas de lunes a domingo hasta la medianoche.
El embrollo no es solo de tiempo: también es de personal. En la Nacional, por ejemplo, 5 funcionarios atienden a los casi 1.000 usuarios que llegan por día, y en las sedes regionales y municipales hay uno solo para realizar todas las labores, desde atender al público hasta hacer el aseo.
Esto me pone a pensar si la inversión en el área educativa en el país realmente es prioridad, como proclama el Poder Ejecutivo.
Esta privación de la información, la metodología ambigua y los programas inútiles, la demanda laboral de hoy y la globalización me ponen a reflexionar en qué clase de educación están recibiendo y recibirán los médicos, abogados y educadores en quienes se ampararán nuestros hijos y nietos.
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